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Un tribunal indio dictamina que el entrenamiento de OpenAI con noticias no constituye una infracción; una medida cautelar provisional acabaría con los modelos locales

Una sentencia ha zanjado el debate sobre si el entrenamiento de la IA debe pagar por los contenidos informativos en la India, ofreciendo un resultado claro. El 24 de julio, hora local, el Tribunal Superior de Delhi dictaminó que el uso por parte de OpenAI de contenidos de Asian News International (ANI) para entrenar su modelo de inteligencia artificial no constituye una infracción de los derechos de autor.
El juez Amit Bansal expuso dos razones fundamentales en la sentencia. En primer lugar, las acciones de OpenAI entran dentro de la excepción de «uso legítimo» definida en la Ley de Derechos de Autor de la India. En segundo lugar, ANI no aportó al tribunal pruebas que demostraran que las respuestas de ChatGPT copiaban directamente el contenido protegido por derechos de autor de ANI. Estos dos puntos socavaron directamente los fundamentos de la demanda de ANI.
Y lo que es más importante, la sentencia rechazó explícitamente la solicitud de medida cautelar. El juez hizo hincapié en que dictar una medida cautelar provisional en esta fase no favorecería el desarrollo de la inteligencia artificial, sino que, por el contrario, obstaculizaría gravemente los proyectos emergentes de modelos de lenguaje a gran escala en la India. De aplicarse, la medida cautelar también tendría amplias repercusiones negativas en el interés público: los usuarios que utilizan libremente ChatGPT en la India serían los primeros en sentir el impacto. En otras palabras, el tribunal sopesó «proteger a un proveedor de contenidos» frente a «perjudicar a todo el sector y al público» y, en última instancia, se decantó por lo segundo.
No se trata de un caso aislado. Anteriormente, medios de comunicación como The New York Times interpusieron demandas similares contra OpenAI en Estados Unidos, y esos casos siguen en trámite. A medida que disputas similares se desarrollan de forma independiente en diferentes jurisdicciones, la sentencia de la India ha abierto, al menos, una brecha en la acusación de que «el entrenamiento equivale a una infracción».
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